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El 9 de noviembre de 2005, la capital de Jordania, Ammán, fue testigo de tres atentados suicidas con bombas contra los hoteles Radisson SAS, Grand Hyatt y Days Inn, que mataron a decenas e hirieron a más de cien, en uno de los ataques más sangrientos de la historia del Reino.
Veintiún años después, el recuerdo de los atentados regresa en un momento en que Jordania se enfrenta a las repercusiones de dos nuevos atentados. El primero de ellos atacó una iglesia en la gobernación de Karak, en el sur del país, el 23 de octubre de 2026, matando a nueve personas e hiriendo a decenas. El segundo ocurrió el 5 de noviembre, cuando el cabo Jawad Ali Khalaf al-Salaita fue asesinado en un ataque con cuchillo contra un miembro de la Seguridad Pública en la capital, Ammán.
Los dos incidentes, que ocurrieron en menos de dos semanas, plantearon preguntas que iban más allá de la identidad de los perpetradores, a las razones por las que Jordania sigue siendo atacada, la naturaleza de las amenazas que enfrenta y el alcance de la capacidad de las medidas legislativas y de seguridad para evitar que se repitan.
El aniversario coincidió con una medida del gobierno para aumentar las penas en las leyes antiterroristas, después de que documentos judiciales sobre los acusados en los dos ataques recientes mostraran que cada uno de ellos había sido condenado previamente en casos de terrorismo, antes de su liberación de prisión.
¿Por qué el terrorismo apunta a Jordania?
Jordania no estaba lejos de la actividad de las organizaciones extremistas antes de los atentados con bombas en los hoteles de 2005. En octubre de 2002, el diplomático estadounidense Lawrence Foley fue asesinado en Ammán, en una operación que las autoridades jordanas vincularon con Abu Musab al-Zarqawi, quien más tarde se convirtió en líder de Al-Qaeda en Irak.
En agosto de 2005, misiles lanzados desde Aqaba apuntaron a la zona donde estaban anclados los buques de guerra estadounidenses, antes de que Ammán presenciara, menos de tres meses después, atentados con bombas en hoteles de los que “Al-Qaeda en Mesopotamia” se atribuyó la responsabilidad.
Estas operaciones revelan parte de la posición de Jordania en los relatos de organizaciones extremistas, especialmente aquellas que tenían como objetivo intereses occidentales o países que participaban en operaciones militares contra ellos.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el terrorismo en Jordania para el año 2023 indica que la ubicación geográfica del Reino aumenta la posibilidad de que esté expuesto a ataques planificados por organizaciones activas en Siria o Irak, dirigidos a sitios turísticos o gubernamentales dentro de Jordania.
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El informe también advierte sobre la continua amenaza del extremismo interno, especialmente en línea, en un momento en que el Reino participa en esfuerzos regionales e internacionales para combatir el terrorismo y el extremismo.
La explicación para atacar a Jordania no se limita a su ubicación geográfica. En un estudio publicado por el investigador Henrik Gratrud, de la Fundación Noruega de Investigación de Defensa, en la revista “Study in Conflict and Treatment” en octubre de 2025, el investigador indica que la participación de Jordania en la coalición internacional contra ISIS la convirtió en un objetivo para la organización.
Gratrud explica que la organización buscó atacar a Jordania en respuesta a su participación en ataques aéreos contra ella y a sus relaciones militares y de seguridad con Estados Unidos, además de atacar a las instituciones de seguridad jordanas que persiguen a sus partidarios e impiden la implementación de sus planes.
Sin embargo, estos factores explican las motivaciones de las organizaciones para atacar al Estado, y no explican por sí solos las circunstancias que empujan a los individuos dentro de la sociedad jordana a adoptar ideas extremistas o participar en actos violentos.
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El ascenso de ISIS en Siria e Irak representó una nueva fase de amenazas que enfrenta Jordania.
En 2016, el Reino fue testigo de una serie de ataques y enfrentamientos en materia de seguridad, que comenzaron con una operación contra una célula vinculada a la organización en Irbid, en el norte del Reino, seguida de un ataque a una oficina de inteligencia en el campamento de Baqaa en la capital, y un atentado suicida con bomba dirigido a un emplazamiento militar en la zona de Rukban, en la frontera con Siria.
En diciembre del mismo año, la gobernación de Karak fue testigo de ataques armados que alcanzaron su ciudadela histórica, y el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los mismos.
Los ataques no terminaron con la disminución del control de la organización sobre tierras sirias e iraquíes. En 2018, un artefacto explosivo atacó a una patrulla de seguridad en la zona de Fuheis, y las investigaciones condujeron a una célula en la ciudad de Salt, cuyos miembros afirmaban que las autoridades estaban adoptando las ideas del Estado Islámico.
En noviembre de 2019, turistas, trabajadores del sector turístico y personal de seguridad fueron atacados con un cuchillo en la antigua ciudad de Jerash, mientras que el país fue testigo de otros ataques contra el personal de seguridad en los años siguientes.
Esta secuencia revela una diferencia en los métodos de implementación, desde bombardeos coordinados y células armadas hasta ataques llevados a cabo por individuos o pequeños grupos que utilizan armas de fuego o herramientas punzantes.
En su estudio publicado en 2025, titulado “Usar a otros para propagar el terrorismo: cómo el Estado Islámico intentó propagar el terrorismo en la vecina Jordania”, Henrik Gratrud investigó los métodos de la organización para atacar a Jordania entre 2014 y 2018.
En el estudio publicado, el investigador concluyó que la organización se basó en gran medida en alentar a sus seguidores locales a llevar a cabo ataques, o dirigir algunos planes de forma remota a través de Internet, en lugar de enviar elementos entrenados desde sus áreas de control en Siria e Irak.
El estudio encontró que células vinculadas a la organización planearon llevar a cabo 53 operaciones durante el período que cubrió, siete de las cuales se convirtieron en ataques reales, todas ellas llevadas a cabo por células influenciadas por la propaganda de la organización sin evidencia de que sus operaciones estuvieran dirigidas directamente por su dirección.
Gratrud señala que este método permitió a la organización atacar a sus oponentes fuera de sus áreas de control a un costo limitado, mientras concentraba sus recursos primarios en las batallas en Siria e Irak.
La importancia de estos resultados se destaca al distinguir entre operaciones que son directamente organizadas o dirigidas por una “organización terrorista” y aquellas llevadas a cabo por individuos influenciados por sus ideas sin que se demuestre un vínculo organizacional directo.
Los atentados de Karak y Ammán: ¿qué revelan los antecedentes de sus autores?
El 23 de octubre de 2026, hombres armados abrieron fuego durante una ceremonia fúnebre dentro de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en la aldea de Hamoud en la gobernación de Karak, matando a nueve personas e hiriendo a otras 34.
El 26 de octubre, la Dirección de Seguridad Pública anunció el arresto de tres personas acusadas de llevar a cabo el ataque, luego de determinar su paradero dentro de una casa abandonada en la gobernación de Karak.
Según un comunicado publicado por la agencia de noticias jordana Petra, la dirección dijo que los hombres armados se negaron a rendirse y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, que pudieron controlarlos y arrestarlos después de que todos resultaron heridos.
El 3 de noviembre, la Fiscalía del Tribunal de Seguridad del Estado anunció el fin de la investigación del caso y lo remitió a los tribunales, tras presentar cargos relacionados con la realización de actos terroristas que provocaron la muerte de nueve personas, posesión de armas y municiones con fines terroristas, conspiración para realizar actos terroristas y promoción de ideas de un grupo terrorista, según un comunicado publicado por Petra.
Menos de dos semanas después del ataque a la iglesia, Ammán fue testigo de un nuevo ataque contra un oficial de Seguridad Pública cerca de la embajada de Sri Lanka.
La Dirección de Seguridad Pública dijo, en un comunicado oficial del 5 de noviembre, que una persona sorprendió al cabo Jawad Ali Khalaf al-Salaita y lo agredió con un objeto punzante mientras cumplía con su deber en la calle Medina, lo que posteriormente le provocó la muerte.
La dirección añadió que un agente resultó herido en la cara durante una intervención de una patrulla de seguridad para controlar y arrestar al atacante, y calificó el ataque de "acto terrorista", señalando que las investigaciones preliminares mostraron una intención y una planificación previa de atacar al personal de seguridad.
Pero lo que hizo que los dos ataques volvieran al primer plano del debate antiterrorista no fue solo el momento o el método de implementación, sino más bien los antecedentes judiciales previos de algunos de los acusados.
Según los documentos judiciales vistos por la BBC, el autor del ataque de Ammán (M.M.H.) había sido condenado previamente en un caso terrorista relacionado con la planificación de un ataque a un centro de seguridad en la gobernación de Irbid y el intento de unirse al Estado Islámico.
Los documentos judiciales muestran que el acusado, nacido en 1994, era uno de los tres acusados en un caso que se remonta a 2020, relacionado con la promoción de las ideas del Estado Islámico y la planificación de un ataque armado contra el centro de seguridad del norte de Irbid.
En febrero de 2022, el Tribunal de Seguridad del Estado emitió un fallo para imponerle trabajos temporales durante nueve años por el delito grave de conspiración con la intención de cometer actos terroristas, tres años por el delito grave de promover las ideas de un grupo terrorista y cuatro años por intentar unirse a organizaciones terroristas.
Tras aplicarle la pena más severa, la pena final se fijó en nueve años, contados a partir de la fecha de su detención el 3 de febrero de 2020, antes de que el Tribunal de Casación confirmara la sentencia en junio de 2022.
Por otro lado, documentos judiciales a los que tuvo acceso la BBC muestran que uno de los principales acusados en el ataque a la Iglesia de Karak, H.Z., había sido condenado anteriormente por conspiración para llevar a cabo actos terroristas y promover las ideas del Estado Islámico.
Según los hechos del caso examinado por el Tribunal de Seguridad del Estado, el principal acusado era uno de los otros cuatro que aceptaron llevar a cabo un ataque armado contra soldados en la zona fronteriza entre Jordania e Israel, antes de que los servicios de seguridad pudieran frustrar el plan.
En marzo de 2023, el Tribunal de Seguridad del Estado dictó sentencia para imponerle trabajos temporales durante siete años por el delito grave de conspiración con la intención de cometer actos terroristas y cuatro años por promover las ideas de un grupo terrorista.
Tras aplicarle la pena más severa, la pena final se fijó en siete años, contados a partir de la fecha de su detención en febrero de 2021, y el Tribunal de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2023.
Sin embargo, la condena anterior por sí sola no es suficiente para demostrar que los dos ataques recientes se llevaron a cabo bajo la dirección directa de ISIS, a menos que las investigaciones revelen pruebas que demuestren esta conexión.
¿Son suficientes sanciones más duras para evitar que se repitan los ataques?
Tres días después del asesinato del cabo Salaita, el gobierno jordano anunció el 8 de noviembre su decisión de comenzar a modificar un paquete de leyes relacionadas con cuestiones de terrorismo.
Según el comunicado del Gabinete publicado por la agencia de noticias jordana Petra, las enmiendas propuestas incluyen duplicar las sentencias mínimas de cinco a diez años y aumentarlas de diez a 15 años en algunos casos, así como combinar la duración de las sentencias para múltiples delitos, en lugar de conformarse con la pena más alta.
Las enmiendas también incluyen calcular el año de prisión para los condenados en casos de terrorismo en 12 meses en lugar de nueve meses, lo que les impide beneficiarse de disposiciones de libertad anticipada después de cumplir tres cuartas partes de su condena.
El gobierno decidió aplicar la última medida a los actuales condenados, a partir del 8 de noviembre, hasta que se complete la modificación de la ley.
Las enmiendas propuestas también incluyen la imposición de medidas cautelares a los condenados una vez finalizadas sus condenas, incluido el seguimiento electrónico, el rastreo y el arresto domiciliario, por un período determinado por el tribunal.
El gobierno dijo que las enmiendas serán remitidas a la Cámara de Representantes dentro de dos semanas de su anuncio, para ser discutidas y aprobadas de acuerdo con los procedimientos constitucionales.
Sin embargo, el debate suscitado por los recientes ataques no se refiere únicamente a la duración de la pena, sino más bien a lo que sucede dentro de los centros correccionales y de rehabilitación y después de salir de ellos.
El aumento de la duración de la prisión puede limitar la capacidad de algunos convictos de cometer ataques durante su detención, pero por sí solo no proporciona una respuesta sobre hasta qué punto sus condenas han cambiado o su probabilidad de volver a la violencia después de su liberación.
Los dos últimos casos plantean dudas sobre la eficacia de los programas de rehabilitación, la capacidad de las instituciones competentes para evaluar la posibilidad de reincidencia y cómo abordar los casos que pueden representar un peligro una vez finalizada la sentencia.
Sin embargo, surge la cuestión de equilibrar las medidas preventivas y las garantías de derechos y libertades, especialmente cuando los procedimientos incluyen restricciones a las personas que han cumplido sus sentencias judiciales.
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