El gobernador de California, Gavin Newsom, ha conmutado las penas de muerte de las 548 personas condenadas a muerte en el estado, cambiándolas por cadena perpetua.
"Ahora podemos dejar que estos delincuentes mueran en la oscuridad mientras recordamos y honramos para siempre a las víctimas", dijo en una carta.
La decisión de perdonar a los condenados a muerte es en gran medida simbólica en un estado que no ha ejecutado a un preso desde 2006, aunque los expertos dicen que podría ahorrar millones de dólares en costos judiciales cada año. Sólo 13 reclusos han sido ejecutados desde que los votantes restablecieron la pena de muerte en 1978.
La decisión se produce cuando Newsom, el líder demócrata del estado más poblado de Estados Unidos, ha sido discutido como un posible candidato a la presidencia en 2028.
Newsom, cuyo mandato es limitado, está terminando sus últimos meses en el cargo. Se prevé que su colega demócrata Xavier Becerra asuma el cargo después de las elecciones de mitad de período del martes.
Newsom explicó en su carta que está ejerciendo su autoridad constitucional de clemencia para conmutar las sentencias por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
"Después de casi 30 años en cargos públicos, he llegado a comprender los límites de lo que el gobierno puede lograr justamente", dijo Newsom. "Tomo esta medida porque creo firmemente que los asesinatos autorizados por el estado son incompatibles con los valores de California, socavan los cimientos de nuestro sistema legal y nos menosprecian a cada uno de nosotros".
Históricamente, California ha tenido la mayor población de condenados a muerte. Newsom había ordenado previamente el fin de la pena de muerte en el estado en 2019.
Al describir su decisión como una acción difícil pero "justa", Newsom dijo que aunque muchos californianos sienten que quienes cometen crímenes brutales merecen morir, ha llegado a la conclusión de que "el Estado no puede matarlos moralmente".
Dijo que, en todos los aspectos, el sistema de California para administrar la pena de muerte "es un fracaso" y que no se ha aplicado ni puede aplicarse de manera justa, lo que ha resultado en la condena de personas inocentes.
La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es el castigo más severo que puede imponer legalmente y que el Estado puede hacer cumplir éticamente, dijo.
Reconoció que su acción de clemencia enfadará y herirá a algunos californianos y dijo que "siempre me pesará mucho".
"Como gobernador, soy el único responsable de esta decisión y su impacto, del mismo modo que yo sería el único responsable de cada ejecución", escribió.
"Por esta razón, me veo obligado a seguir mi conciencia y, según lo autorizado por nuestra Constitución, tomar esta medida por el bienestar del Estado de California".
Dado que los estados individuales tienen el poder de procesar delitos y ordenar ejecuciones, gran parte del poder recae en los gobernadores estatales.
Bernard E. Harcourt, profesor de derecho y libertades civiles en la Universidad de Columbia, dijo a la BBC que no es algo sin precedentes que un posible candidato presidencial se declare abolicionista en el período previo a las elecciones, a pesar de la popularidad general de la pena de muerte en Estados Unidos.
Señaló que François Mitterrand hizo precisamente eso en su campaña presidencial en Francia en 1981, tomando "el terreno ético más elevado y fue recompensado por el público por ello".
"Detecto un posicionamiento ético muy similar en las declaraciones del gobernador Newsom sobre las conmutaciones. Y aquí también, bien puede ser algo que los votantes respeten", dijo.
La decisión de Newsom se produce después de la ejecución fallida de alto perfil de una mujer en Tennessee a finales de septiembre y mientras las ejecuciones han ido en aumento en Estados Unidos. Hay tres ejecuciones previstas para el jueves en Indiana, Florida y Alabama.
Al menos cuatro de los siete jueces de la Corte Suprema de California tendrán que aprobar las conmutaciones, informó CalMatters.
No está claro cómo afectará la decisión de Newsom a los reclusos condenados como Keith Doolin, de 53 años, quien fue sentenciado a muerte en 1996 por asesinar a dos trabajadoras sexuales, Inez Espinoza y Peggy Tucker, y disparar a otras cuatro. Mantiene su inocencia.
Doolin vivió en el corredor de la muerte en San Quentin durante décadas, hasta que lo trasladaron a otra prisión en 2025, cuando el gobernador anunció que el estado reformaría la prisión para todos menos para los condenados a muerte.
La madre de Doolin, Donna Larsen, le dijo a la BBC que la noticia de las conmutaciones de Newsom, que incluye a Doolin, provocó emociones encontradas.
"Al menos no se reconstruirá la cámara de ejecución y no habrá más asesinatos por parte de la gente del estado de California", afirmó.
Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, aplaudió la acción de Newsom.
"Estas conmutaciones reflejan lo que exige la justicia: el fin de un castigo racista, propenso a errores e inhumano que ha agobiado a California durante demasiado tiempo", dijo Romero.
"Al dar este paso, el gobernador Newsom ha afirmado que la pena de muerte no tiene cabida en California y ha demostrado verdadero coraje al enfrentarse frontalmente a la injusticia racializada".
Nathan Hochman, el fiscal principal del condado de Los Ángeles, dijo que si bien Newsom tiene el poder de conmutar sentencias, sólo la legislatura estatal o los votantes pueden eliminar la pena de muerte.
"Se ha pedido a los californianos en dos iniciativas electorales distintas que abolieran la pena de muerte y en ambas ocasiones han optado por mantenerla para los delitos más graves", dijo Hochman en un comunicado.
A nivel federal, el presidente Donald Trump, partidario desde hace mucho tiempo de la pena de muerte, ha descrito la pena capital como "una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometerían los crímenes y actos de violencia letal más atroces contra ciudadanos estadounidenses".
En 2020, durante su primer mandato, puso fin a una moratoria de casi dos décadas sobre la pena de muerte federal, al ordenar 13 ejecuciones en un período de seis meses.
Si bien la moratoria regresó bajo el presidente Biden, el primer día del segundo mandato de Trump en 2025, firmó una orden ejecutiva que restableció la pena de muerte.
Sin embargo, desde que lo firmó no se han llevado a cabo ejecuciones federales. En Estados Unidos, tanto el gobierno federal como las autoridades estatales locales pueden ordenar ejecuciones.
La pena de muerte es legal en 27 estados, pero ha sido abolida en 23 estados y en Washington DC, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización nacional sin fines de lucro.
California, que utiliza principalmente la inyección letal para las ejecuciones, solía albergar a hombres condenados a muerte en la prisión estatal de San Quentin, al norte de San Francisco, y a reclusas en el Centro para Mujeres de California Central, en el Valle Central.
Pero una medida electoral de 2016 permitió su transferencia a otras instalaciones que brinden un nivel necesario de seguridad, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.
