En Estados Unidos, la administración Trump está aumentando los arrestos de familias inmigrantes, incluidos niños que a veces son muy pequeños. En tan solo unos meses, el número de menores arrestados y detenidos por las autoridades de inmigración de ICE se ha disparado, sin tener en cuenta las protecciones legales existentes.
Publicado el: 05/02/2026 - 17:36
A sus diez años, el día a día de Elizabeth Zuna Caisaguano debería limitarse a las bancas de su escuela primaria, en los suburbios de Minneapolis. En cambio, la niña pasó casi un mes encerrada a más de 1.500 kilómetros de sus compañeros de clase. Liberada el martes 3 de febrero de un centro de detención en Texas, su historia ilustra el endurecimiento de las operaciones por parte de la policía de inmigración estadounidense (ICE).
Fue el 6 de enero que el día a día de la pequeña cambió. Mientras camina hacia la escuela con su madre en Columbia Heights, agentes federales las interceptan. La familia, originaria de Ecuador, está a la espera de una decisión sobre una solicitud de asilo. Un detalle administrativo que no pesó mucho: unas horas más tarde, madre e hija fueron trasladadas al centro de Dilley, Texas, un complejo seguro dedicado a la detención de familias.
Su caso no es aislado: desde su regreso al poder, la administración Trump ha intensificado los arrestos de familias inmigrantes como parte de su estrategia de expulsiones masivas, incluidos niños, a veces muy pequeños. Dos semanas después del arresto de Isabel, el rostro de un niño de cinco años se convirtió en el símbolo de esta política. Liam Conejo Ramos, con un sombrero azul atornillado a la cabeza, fue fotografiado escoltado por agentes federales en Minneapolis.
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170 niños detenidos cada día
La imagen, que se volvió viral, desató una ola de indignación internacional. Al igual que con Elizabeth, el viaje de Liam terminó entre las vallas de Dilley, Texas, donde estuvo detenido junto a su padre. Fue necesaria la decisión de un tribunal federal para obtener su liberación.
En todo el país, están aumentando los informes de arrestos de niños. Hace dos semanas, en el sur de Minneapolis, un bebé de dos años fue arrestado mientras su padre regresaba de compras. A mediados de enero, fue en Portland donde una niña de siete años fue detenida con su familia en el estacionamiento de un hospital mientras se dirigía a la sala de emergencias. En Chicago, un niño de seis años fue arrestado con su madre durante una gran operación policial lanzada este otoño en un edificio residencial.
Según un análisis del medio independiente The Marshall Project, al menos 3.800 menores han sido detenidos por ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, entre ellos una veintena de bebés. De media, cada día son detenidos 170 niños, con picos de más de 400. Más de 1.000 de ellos han estado encerrados durante más de 20 días, la duración máxima autorizada por la justicia estadounidense.
Las cifras del Departamento de Seguridad Nacional confirman esta tendencia: la población promedio de los centros de detención familiar aumentó de 425 personas en octubre de 2025 a más de 1.300 en enero de 2026, en sólo tres meses.
En Dilley, las condiciones de detención preocupan a familiares y asociaciones. Allí se ha informado de un brote de sarampión. Carolina Gutiérrez, secretaria principal de la escuela primaria de Highland a la que asistía Elizabeth, le dijo a The Guardian que la pequeña tenía síntomas parecidos a los de la gripe y que su madre padecía urticaria, sin poder ver a un médico.
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Las protecciones legales son cada vez más eludidas
Sin embargo, la detención de menores está estrictamente regulada en Estados Unidos. El Acuerdo Flores, firmado en 1997, exige que los niños sean detenidos en las condiciones "menos restrictivas" posibles y liberados sin demoras innecesarias (generalmente dentro de los 20 días) a sus familias o a instalaciones de recepción aprobadas. También garantiza el acceso a la sanidad, la educación y la reunificación familiar.
En la práctica, estas salvaguardias están cada vez más debilitadas. Documentos judiciales informan sobre condiciones alarmantes de detención en Dilley: comida podrida, agua no potable, falta de actividades para los niños, angustia psicológica. Algunos padres describen que los niños se golpean la cara, se aíslan o comienzan a orinarse encima nuevamente.
“Cada día que pasa en un lugar como este, la condición de un niño se deteriora”, advierte a The Marshall Project Javier Hidalgo, director jurídico de RAICES, una asociación texana que defiende los derechos de los migrantes. "Los vi encerrarse en sí mismos. Perdieron peso y su condición física se deterioró". Para Kristin Kumpf, coordinadora de la Coalición Nacional contra la Detención Familiar, el resultado es predecible: "Es sólo cuestión de tiempo que un niño muera en Dilley o en otro centro".
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El 28 de enero, el representante demócrata de Texas Joaquín Castro visitó el centro. Entre los 1.100 detenidos vio a un bebé de dos meses. "Los tratan literalmente como prisioneros. Es una máquina monstruosa", denuncia en un vídeo retransmitido en directo en sus redes sociales.
Inaugurado en 2014 bajo la administración Obama con capacidad para 2.400 detenidos, el centro Dilley fue cerrado bajo Joe Biden, que había puesto fin en gran medida a la detención de familias en 2021. Pero Donald Trump relanzó esta práctica a su regreso a la Casa Blanca, prometiendo "la mayor operación de expulsión de la historia", con un objetivo de un millón de retornos al año.
En marzo, Dilley reabrió sus puertas y una vez más se convirtió en el principal centro de detención de familias del país. “Los asesores de Trump priorizaron los objetivos de expulsión y trataron a los niños como daños colaterales”, denuncia al Washington Post Wendy Young, presidenta de la asociación Kids in Need of Defense. "Muchas protecciones han sido desmanteladas en favor de un sistema punitivo".
El miedo como estrategia
Para cumplir los objetivos de la administración Trump, ICE está intensificando sus operaciones. En Minneapolis, Los Ángeles y Chicago, agentes federales enmascarados realizan detenciones en las calles, en paradas de autobús o cerca de tiendas de bricolaje. Resultado: las familias pasan a la clandestinidad.
En las escuelas, los efectos son visibles. “Faltan niños”, observa Mandi Jung, maestra en Saint Paul, la ciudad gemela de Minneapolis. En una de sus clases, los números pasaron de 30 alumnos a una docena. "Los niños blancos vienen a la escuela. Los estudiantes negros y mestizos se quedan en casa".
Ante cientos de solicitudes de familias preocupadas, el director de las escuelas públicas de la ciudad introdujo la educación en línea elegida por el 25% de los estudiantes (7.000 jóvenes). “Al igual que hicimos durante la pandemia de Covid, [a los maestros] se les pide que se adapten rápidamente y creen lecciones que los niños puedan hacer en casa”, dice Mandi Jung.
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Para exigir que los agentes federales se mantengan alejados de las escuelas, un grupo de profesores de Minnesota emprendió acciones legales el miércoles. Interrogada, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró sin embargo: "ICE no va a las escuelas a arrestar a niños. Nosotros protegemos a los niños".
Mientras tanto, la administración Trump mantiene el rumbo. El gobierno planea comprar y transformar hasta 23 naves industriales en nuevos centros de detención, algunos con viviendas familiares.
“Estas familias se ven sacudidas por los vientos políticos y sus condiciones de vida evolucionan según la administración de turno”, analiza Elissa Steglich, profesora de derecho en la Universidad de Texas, en el Washington Post. "Su detención siempre ha sido más bien un instrumento político destinado a generar un impacto, ya sea en la política fronteriza o en el sistema de asilo más amplio".
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