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Los republicanos del Congreso están presionando para que se reanuden las investigaciones sobre los casos de delitos sexuales que involucran al financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, acusando a las autoridades de manejar mal el caso durante décadas.
El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó el martes un nuevo informe de 137 páginas que marca la investigación más completa realizada hasta ahora por los legisladores sobre el manejo por parte del gobierno federal de la saga Epstein.
Los hallazgos condenaron a investigadores y fiscales federales en el sur de Florida y Washington por presunta negligencia, que según el comité permitió que el abuso del difunto delincuente sexual no se controlara ya en 2005, cuando los crímenes de Epstein salieron a la luz por primera vez en Palm Beach, Florida.
“Lo que encontramos fue a la vez desgarrador y exasperante”, dijo en un discurso en video el representante republicano James Comer de Kentucky, quien preside el comité.
"Estas mujeres sufrieron abusos inimaginables y el gobierno federal les falló en casi todo momento", añadió. "Si el gobierno hubiera hecho su trabajo, gran parte de este abuso podría haberse evitado".
El comité, que actualmente tiene mayoría republicana, es el principal panel de investigación de la Cámara y tiene el poder de citar testigos y documentos.
Los demócratas tomarán el control de la cámara en enero después de una victoria histórica en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, y el representante de California, Robert García, el principal demócrata del comité, anunció formalmente su candidatura a presidir la cámara en una carta a sus colegas el jueves.
Posibles conflictos de intereses
Los últimos hallazgos culminan una investigación del Congreso de 15 meses dirigida por los republicanos que involucró 19 entrevistas y declaraciones transcritas, citaciones a agencias federales, instituciones financieras y al patrimonio de Epstein, y una revisión exhaustiva de los registros financieros.
Sus conclusiones afirmaron que una combinación de indiferencia burocrática, advertencias omitidas y acuerdos de declaración comprometidos protegieron constantemente a Epstein y sus asociados mientras negaban justicia a sus víctimas.
En uno de esos casos, los legisladores republicanos criticaron duramente un controvertido acuerdo de no enjuiciamiento de 2007 en el sur de Florida que efectivamente archivó el caso federal de Epstein después de que se declarara culpable de delitos estatales menores.
Los fiscales de Florida, trabajando junto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en ese momento le otorgaron una sentencia indulgente de 18 meses junto con amplios privilegios de libertad laboral, un período durante el cual continuó abusando de mujeres, según el informe.
El panel atribuyó los resultados a un “mal juicio” y a la influencia de Epstein, al tiempo que señaló posibles conflictos de intereses que involucraban a dos exfiscales, Matthew Menchel y Bruce Reinhart, entonces empleados en la Fiscalía Federal (USAO) para el Distrito Sur de Florida.
“El enfoque de no intervención del ex fiscal federal Alexander Acosta en la investigación y su incapacidad para supervisar la participación diaria de aquellos en la USAO dejaron la investigación en manos de posibles leales a Epstein”, se lee en el informe.
Celda dejada sin monitorear
Por otra parte, el informe culpó a la falta de personal y la disfunción institucional en la cárcel federal de Nueva York donde Epstein murió por presunto suicidio en agosto de 2019, y reveló que los guardias se saltaron 12 patrullas y tres recuentos de reclusos, sin realizar los controles de seguridad requeridos de 30 minutos.
Epstein estaba alojado en la Unidad de Vivienda Especial del Centro Correccional Metropolitano (MCC) cuando su celda quedó sin vigilancia durante casi ocho horas la noche en que murió.
Según el testimonio proporcionado al comité por Tova Noel, un ex funcionario penitenciario de MCC que realizó el último control de la celda de Epstein, el error crítico fue simplemente “el estilo de MCC”.
El informe del comité definió la cultura institucional de la cárcel como una en la que “las desviaciones de las políticas y procedimientos establecidos se habían vuelto rutinarios”.
Para lograr la tan esperada rendición de cuentas, el comité liderado por los republicanos instó al Departamento de Justicia (DOJ) a entrevistar o volver a entrevistar a testigos clave e investigar a los asociados de Epstein acusados de actividad criminal. El informe incluye el testimonio de un testigo que acusó de abuso a dos figuras de alto perfil: el ex alcalde de Miami Beach, Philip Levine, y el famoso estilista francés Frederic Fekkai.
"La evidencia que descubrimos deja claro que el Departamento de Justicia debe entrevistar o volver a entrevistar a testigos clave, investigar a los asociados de Epstein acusados de actividad criminal y garantizar que los sobrevivientes tengan acceso a sus registros", dijo Comer en un comunicado, y agregó que "el Congreso también debe aprobar una legislación que proteja la capacidad de las personas con conocimiento de abusos sexuales y de los sobrevivientes de hablar libremente sobre estos crímenes, independientemente de los acuerdos de confidencialidad".
'Caza de brujas'
El informe también desestimó la investigación del comité demócrata sobre Trump como una “caza de brujas infundada”, diciendo que estaban “obsesionados con tratar de implicar al presidente Trump e insinuar que estuvo involucrado en los crímenes de Epstein y Maxwell”.
Quedan dudas sobre si el Departamento de Justicia proporcionó todos los registros requeridos en virtud de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, una medida aprobada por un Congreso casi unánime y promulgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en noviembre de 2025.
La naturaleza apresurada de la divulgación condujo a una “redacción deficiente” que “expuso información confidencial” perteneciente a las víctimas, agregó el informe liderado por el Partido Republicano.
El panel recomendó además medidas que permitan a los supervivientes acceder a archivos personales no redactados e instó a aprobar la Ley de Protección de la Voz de los Supervivientes para prohibir el uso de acuerdos de confidencialidad para ocultar el abuso sexual.
