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El hambre se agrava en Sudán del Sur a medida que los combates cortan la ayuda a las familias desplazadas
Ajok Ding Duot se agacha en el suelo polvoriento de un campo de desplazados en el estado de los Lagos, en Sudán del Sur, abriendo nueces una por una.
Ella y su familia de 10 miembros llegaron aquí hace unas dos semanas, huyendo de los intensos combates entre el gobierno y las fuerzas de oposición en el vecino estado de Jonglei.
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Si bien encontraron refugio temporal, Duot dijo que casi no había nada para comer en el campamento. Para sobrevivir, dependen de estas nueces y frutos silvestres.
"No sabemos nada sobre lo que está haciendo el gobierno. Están peleando, pero no sabemos cuál es el problema", dijo a Al Jazeera.
"Estamos en la oscuridad. Sólo las organizaciones humanitarias ayudan".
En las últimas semanas, Sudán del Sur ha sido testigo de nuevos combates entre soldados del gobierno y combatientes leales al Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO).
Las Naciones Unidas dicen que unas 280.000 personas han sido desplazadas por los combates y los ataques aéreos desde finales de diciembre, incluidas más de 235.000 sólo en Jonglei.
La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, también advirtió la semana pasada que más de 450.000 niños corren riesgo de desnutrición aguda debido al desplazamiento masivo y la interrupción de servicios médicos críticos en Jonglei.
Casi 10 millones de personas necesitan asistencia humanitaria vital en todo Sudán del Sur, un país que aún se recupera de una ruinosa guerra civil que mató a casi 400.000 personas y desplazó a millones entre 2013 y 2018.
Sin embargo, las operaciones humanitarias se han visto paralizadas por ataques y saqueos, y los observadores dicen que ambas partes en el conflicto han impedido que la asistencia llegue a zonas donde creen que los civiles apoyan a sus oponentes.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU suspendió sus actividades la semana pasada en el condado de Baliet, en el estado del Alto Nilo, tras repetidos ataques a un convoy que transportaba asistencia humanitaria.
El PMA dijo que la suspensión se mantendría hasta que se pudiera garantizar la seguridad de su personal y las autoridades tomaran medidas inmediatas para recuperar los suministros robados.
El Ministro de Información de Sudán del Sur, Atek Wek Ateny, rechazó las acusaciones de que las fuerzas gubernamentales habían estado atacando a grupos de ayuda.
"Es bastante desafortunado que algunas personas acusen al gobierno de atacar a grupos humanitarios, lo cual no es cierto", dijo Ateny a Al Jazeera.
"El gobierno garantiza la protección de la asistencia humanitaria que llega a las personas necesitadas", afirmó desde la capital, Juba.
En cambio, señaló con el dedo culpable a los rebeldes, a quienes acusó de llevar a cabo ataques desenfrenados y en ocasiones aleatorios contra organizaciones humanitarias. Instó a los grupos de ayuda a operar en áreas controladas por el gobierno, que según él son seguras. "Esa es la única manera de ayudar a los necesitados", afirmó.
"La mayoría de ellas [las organizaciones de ayuda] no vienen a las zonas que controla el gobierno".
Hospitales cerrados
Por otra parte, la ONG médica humanitaria Médicos Sin Fronteras, conocida por sus iniciales francesas MSF, dijo la semana pasada que un hospital en Jonglei fue alcanzado por un ataque aéreo del gobierno, marcando el décimo ataque en 12 meses contra una instalación médica administrada por MSF en el país.
Además, el centro de salud de MSF en Pieri, también en Jonglei, fue saqueado por agresores desconocidos, lo que obligó al personal a huir. La organización dijo que la violencia había dejado a unas 250.000 personas sin atención médica, ya que la ONG era el único proveedor médico en la zona.
MSF dijo que los ataques selectivos a sus instalaciones han obligado al cierre de dos hospitales en el Gran Alto Nilo y a la suspensión de las actividades de atención médica general en los estados de Jonglei, Alto Nilo y Ecuatoria Central.
Gul Badshah, director de operaciones de MSF, dijo a Al Jazeera que a la ONG no se le ha permitido acceder a sus instalaciones de atención en las zonas controladas por la oposición en Jonglei desde diciembre.
"Estamos en un diálogo constructivo con el gobierno y las autoridades pertinentes para permitirnos y también facilitar el acceso" a las personas que buscan ayuda en las instalaciones, dijo Badshah.
El ministro de Información, Wek, también rechazó las acusaciones de que las fuerzas gubernamentales bombardearon un hospital gestionado por MSF en el estado de Jonlei el 3 de febrero.
"Dadas las circunstancias de las reglas de enfrentamiento en los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, es muy difícil determinar quién hizo qué", dijo.
"Pero las fuerzas gubernamentales no saquean, y las fuerzas gubernamentales no toman nada contra las organizaciones humanitarias", dijo, añadiendo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió información errónea sobre la participación del gobierno en el ataque al hospital.
Malcolm Webb de Al Jazeera, informando desde un campo de desplazados en Bor, estado de Jonglei, dijo que las mujeres allí describieron haber sido sometidas a ataques sexuales.
“Dos de ellas [las mujeres] nos dijeron... que habían sido violadas mientras huían, una tercera dijo que había estado a punto de ser violada por los soldados cuando alguien vino a salvarla”, dijo Webb.
"Se informó ampliamente que la violencia sexual se había utilizado como arma de guerra durante el último conflicto civil", añadió Webb, señalando que la comunidad internacional y los grupos humanitarios están cada vez más preocupados de que "las tasas de violencia sexual vayan a aumentar una vez más".
El domingo, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, condenó “enérgicamente” la escalada de violencia en el país y advirtió que los civiles siguen siendo los más afectados por el conflicto.
En una declaración, el secretario general pidió a todas las partes “que detengan inmediata y decisivamente todas las operaciones militares, reduzcan las tensiones mediante el diálogo, respeten el derecho internacional, protejan a los civiles y garanticen el acceso humanitario seguro y sostenido y la seguridad de los trabajadores humanitarios y del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y sus activos”.
