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Las autoridades australianas han declarado “un acto de terror” un intento de atentado con bomba en una manifestación por los derechos de los indígenas en Perth el mes pasado, acusando a un hombre de 31 años de uno de los delitos más graves del Código Penal de la Commonwealth.
El Equipo Conjunto Contra el Terrorismo de Australia Occidental (JCTT) dijo en un comunicado de prensa el jueves que el hombre sacó un “dispositivo explosivo improvisado casero” de su bolso y lo arrojó a una multitud en una manifestación en el Distrito Central de Negocios de Perth el 26 de enero.
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El dispositivo no detonó y no se reportaron víctimas entre los varios miles de personas que asistieron a la manifestación, celebrada en apoyo de las Primeras Naciones. El evento fue parte de una serie de protestas a nivel nacional del “Día de la Invasión” organizadas para defender los derechos indígenas y protestar contra el despojo histórico de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.
Si es declarado culpable, el hombre podría enfrentarse a cadena perpetua según la ley del país.
La policía dijo que el hombre permanecerá bajo custodia hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, prevista para el 17 de febrero en el Tribunal de Magistrados de Perth.
El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, en una conferencia de prensa el jueves, instó a la gente a condenar tales incidentes.
"Este cargo... alega que el ataque contra los aborígenes y otros manifestantes pacíficos estuvo motivado por una ideología racista y odiosa", dijo. "Esta es la primera vez que se presenta este cargo en Australia Occidental".
“Un ataque a todos los australianos”
El martes, el ministro para los Indígenas Australianos, Malarndirri McCarthy, condenó el incidente y calificó el intento de atentado como un asalto a la cohesión social australiana.
“El gobierno de Albanese condena este incidente repugnante y abominable”, dijo en una declaración del Senado, informó Indigenous News Australia. "Un ataque contra los australianos de las Primeras Naciones es un ataque contra todos los australianos. Los australianos de las Primeras Naciones, como todos los australianos, deben poder reunirse pacíficamente sin temer por nuestra seguridad. No hay lugar para el odio, la intimidación o el racismo de ninguna forma en Australia".
La JCTT dijo en su declaración que para asegurar una condena por "terrorismo" según el código penal, las autoridades deben probar tres componentes legales específicos.
En primer lugar, la acción debe causar o amenazar con consecuencias graves, como daños a la vida humana, daños a la propiedad o un riesgo significativo para la seguridad pública. En segundo lugar, el acto debe estar motivado por la intención de promover una causa política, religiosa o ideológica. Finalmente, la acción debe tener como objetivo coaccionar a un gobierno o intimidar al público o a un sector específico de la población.
El ataque a la manifestación se produjo cuando los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres continúan enfrentando desigualdades registradas en atención médica, educación y tasas de encarcelamiento, así como un historial de ser blanco de crímenes por motivos raciales en Australia.
En diciembre de 2022, las autoridades australianas se vieron obligadas a enfrentar lo que los expertos describieron como un racismo “profundamente arraigado” tras el presunto asesinato del niño indígena Cassius Turvey, de 15 años.
Cassius, miembro de la Nación Noongar en Australia Occidental, caminaba a casa desde la escuela con amigos cuando fue sometido a una agresión no provocada con un poste de metal. El incidente, calificado por la policía de “ataque cruel”, provocó heridas que le provocaron la muerte diez días después.
