Fuente de la imagen: Reuters
Cinco estados miembros de la Unión Europea planean establecer un centro de deportación de inmigrantes en Ruanda el próximo año, como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar las deportaciones.
Los gobiernos holandés y danés anunciaron, en declaraciones separadas, que Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos tienen la intención de abrir un “centro de retorno” para recibir a migrantes deportados para 2027.
Estos países explicaron que el programa se aplicaría a los inmigrantes que residen ilegalmente en sus territorios y están sujetos a decisiones de deportación.
El gobierno holandés indicó que este centro brindaría una alternativa en los casos en que no sea posible devolver a los migrantes a sus países de origen.
Los países afectados afirmaron que los inmigrantes deportados podrían integrarse en la sociedad ruandesa o regresar a sus países de origen.
El programa está dirigido a personas que han agotado todos los medios legales para permanecer en los cinco países mencionados. Se diferencia del acuerdo británico -que luego fue cancelado- que tenía como objetivo enviar inmigrantes a Ruanda para procesar allí sus solicitudes de asilo.
Los desafíos legales han impedido la implementación del acuerdo británico, que el nuevo gobierno laborista del Reino Unido ha decidido abolir definitivamente en 2024.
Por su parte, el primer ministro británico no descartó la posibilidad de que el Reino Unido se sume a este programa, indicando que seguirá su evolución "con interés".
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Si bien los cinco países confirman que el plan de enviar migrantes al extranjero está acorde con las leyes de la Unión Europea y el derecho internacional, organizaciones de derechos humanos advierten que puede violar los derechos de los migrantes.
Este acuerdo llega tras las reformas emprendidas recientemente por la Unión Europea, que permiten el establecimiento de centros de inmigrantes fuera de las fronteras del bloque.
Durante una conferencia de prensa conjunta celebrada el lunes en Viena, el canciller austriaco, Christian Stocker, afirmó que con esta medida los cinco países pretenden aliviar la presión sobre los sistemas de asilo europeos y poner fin a las actividades de los contrabandistas que organizan viajes arriesgados a través del Mediterráneo.
En una declaración escrita, el gobierno holandés explicó que la primera fase del acuerdo se limitaría a "hombres solteros únicamente", señalando que el foco de los Países Bajos estaría en "personas provenientes de países ubicados en la misma área geográfica que Ruanda".
Una vez en Ruanda, los inmigrantes podrán integrarse a la sociedad, otorgándoles el derecho de residencia, así como acceso a la educación, la atención médica, el mercado laboral y el sistema legal.
Por su parte, el ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta, afirmó el compromiso de su país de trabajar con socios europeos para proporcionar "una solución segura, legal y digna para los inmigrantes". Añadió que también trabajarían para "corregir el desequilibrio global en las oportunidades económicas", que describió como "un importante impulsor de la migración irregular".
Antes del anuncio, fuentes diplomáticas dijeron a la Agencia France-Presse que se espera que el centro funcione en su primera fase como un experimento inicial, ya que acogerá a unas 100 personas y cada uno de los cinco países enviará unos 20 inmigrantes.
La Organización Internacional para las Migraciones, afiliada a las Naciones Unidas, puede desempeñar un papel útil en este contexto.
Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones dijo que la organización "tiene una larga historia de brindar asistencia a migrantes en movimiento, incluso en circunstancias complejas", y señaló que la organización está en conversaciones con algunos países de la Unión Europea "sobre planes para establecer centros de retorno o mecanismos similares".
Con las elecciones acercándose en muchos países de la Unión Europea, los gobiernos se enfrentan a presiones para demostrar su capacidad para controlar el expediente migratorio.
Las preocupaciones por la seguridad, el deterioro de las condiciones económicas y la desilusión con los partidos gobernantes han desempeñado un papel importante en la configuración de las actitudes hacia las personas que abandonan sus países de origen.
Por su parte, Clementine de Montjoye, investigadora principal sobre asuntos africanos de Human Rights Watch, expresó su preocupación por la elección de Ruanda, señalando que tiene un “historial documentado de represión de la disidencia, arrestos arbitrarios y malos tratos dentro de los centros de detención”, así como su apoyo a grupos armados rebeldes en la vecina República Democrática del Congo.
Y añadió: “Pagar dinero a Kigali para que organice un programa de deportación no sólo infligirá sufrimiento y daño a los deportados, sino que también proporcionará financiación e influencia política a un gobierno responsable de graves violaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera del país”.
Por su parte, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un organismo independiente, subrayó que cualquier tercer país que acoja un centro de retorno debe “respetar los derechos fundamentales”, incluida la garantía de que las personas no sean enviadas a un país donde corran un riesgo real de persecución.
La agencia también destacó la necesidad de no enviar menores no acompañados a centros de retorno, algo que el gobierno holandés confirmó que no sucedería.
Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), durante los primeros diez meses de 2026 se registraron unos 110.000 cruces fronterizos irregulares hacia la Unión Europea, lo que representa una disminución del 29 por ciento en comparación con el año anterior.
En octubre se registraron alrededor de 18.100 cruces, aproximadamente un 6 por ciento menos que en octubre de 2025, pero un 22 por ciento más que en septiembre, “debido principalmente a un fuerte aumento en el número de llegadas a las Islas Canarias a través de la ruta de África Occidental”.
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