El Ministerio del Interior afirma que sospechosos torturaron e intimidaron a manifestantes detenidos en el garaje del complejo gubernamental
Las autoridades serbias detuvieron el miércoles a nueve agentes de policía en activo y a un ex oficial por "presunto uso excesivo de fuerza contra detenidos durante las protestas anticorrupción del año pasado en Belgrado", dijo el Ministerio del Interior del país.
Las protestas anticorrupción se extendieron por toda Serbia, candidata a ser miembro de la Unión Europea, en 2025 y 2026 después de que 16 personas murieran cuando una marquesina de concreto en una estación de ferrocarril renovada en la ciudad de Novi Sad se derrumbó el 1 de noviembre de 2024.
En última instancia, las protestas resultaron en el derrocamiento del populista Partido Progresista Serbio (SNS), leal al ex presidente Aleksandar Vučić, en las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre por la Lista de Estudiantes sin líder.
El ministerio dijo en un comunicado que los sospechosos, que sirvieron en una unidad de élite, torturaron e intimidaron a varias personas detenidas en el garaje del complejo gubernamental en el centro de Belgrado los días 14 y 15 de agosto de 2025.
"Mediante el uso de la fuerza y amenazas, (ellos) infligieron gran dolor y sufrimiento severo a un mayor número de personas, con la intención de obtener información de ellas e intimidarlas y castigarlas ilegalmente", dice el comunicado.
El ministerio proporcionó solo las iniciales de los oficiales y ex oficiales que fueron detenidos. La noticia marcó las primeras grandes detenciones en relación con la violencia contra los manifestantes que salieron a las calles en los últimos dos años.
La policía utilizó gases lacrimógenos, vehículos antidisturbios y granadas paralizantes para dispersar a las multitudes durante las protestas.
Decenas de estudiantes y activistas que participaron en las protestas acusaron a la policía de uso excesivo de la fuerza que resultó en lesiones y trauma psicológico.
Estudiantes, activistas, políticos de oposición y defensores de los derechos humanos serbios han acusado a Vučić y al SNS de violencia política, presión contra los medios de comunicación, vínculos con el crimen organizado y corrupción desenfrenada. Vučić y sus aliados niegan las acusaciones.
