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Nueve agentes de policía serbios en activo y un ex oficial han sido arrestados por acusaciones de uso excesivo de fuerza contra estudiantes el año pasado durante las protestas que culminaron con la derrota electoral del ex presidente Aleksandar Vucic en octubre.
El Ministerio del Interior serbio anunció las detenciones el miércoles, alegando que los sospechosos abusaron y torturaron a varias personas en el garaje de un complejo gubernamental en Belgrado en agosto de 2025.
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En un comunicado, el ministerio dijo que los sospechosos estaban de servicio cuando "usaron la fuerza y amenazas para infligir dolor y sufrimiento severos a varias personas heridas, con el fin de obtener información, intimidarlas y castigarlas ilegalmente".
Las protestas anticorrupción comenzaron en Serbia después de que 16 personas murieran cuando se derrumbó la marquesina de una estación de ferrocarril en Novi Sad en noviembre de 2024. El colapso se consideró sintomático de la presunta corrupción generalizada bajo el gobierno de Vucic, quien fue presidente durante 12 años antes de admitir la derrota el mes pasado después de las elecciones parlamentarias.
El ministerio sólo ha publicado las iniciales de los sospechosos, pero dijo que servían en una unidad de élite. Según la emisora estatal Radio Televisión de Serbia, entre los detenidos se encontraba el comandante de la Unidad Especial Antiterrorista, Igor Zmiric.
Desde la votación del mes pasado, el movimiento de protesta liderado por estudiantes ganador ha exigido reformas dentro de las instituciones estatales, incluida la policía y los servicios de inteligencia. Los manifestantes también pidieron la dimisión de altos funcionarios, acusándolos de confabularse con Vucic mientras estaba en el poder.
Las esperanzas de que Belgrado se una a la Unión Europea han aumentado desde las elecciones de octubre, cuando el bloque ofreció celebrar más conversaciones de adhesión si el nuevo gobierno de Serbia fortalece la democracia.
En un informe de 2025 sobre Serbia, Amnistía Internacional advirtió que los manifestantes, periodistas y organizaciones de la sociedad civil “seguían enfrentándose a intimidación, acoso y vigilancia ilegal mientras las autoridades intentaban frenar el descontento generalizado”.
El grupo de derechos humanos dijo que los manifestantes fueron sometidos a fuerza excesiva en “múltiples casos en todo el país”.
