El proyecto Sea Lion en la cuenca de las Malvinas del Norte amenaza con profundizar la disputa de soberanía
Argentina ha dicho ante un tribunal internacional que la aprobación británica de la extracción de petróleo frente a las Islas Malvinas ha profundizado dramáticamente una disputa de soberanía que condujo a la guerra hace cuatro décadas.
Al inicio de un histórico enfrentamiento legal en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Itlos), con sede en Hamburgo, un equipo jurídico argentino argumentó que el proyecto petrolero debe ser suspendido.
Javier Oyarzábal, principal asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, dijo que los 3.400 habitantes de las Islas Malvinas, cuyo estatus como territorio británico de ultramar es disputado por Buenos Aires, no tenían derecho a los recursos alrededor del archipiélago del Atlántico sur.
Oyarzábal dijo: “[Argentina] respeta los intereses de los habitantes de las islas y su forma de vida consagrada en la constitución argentina... Lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué estado pertenecen las islas...
"Estos recursos pertenecen al pueblo argentino. Unos 46 millones de ellos, incluidos los 1.247 habitantes nacidos en las islas, cuyos intereses serán debidamente tomados en cuenta".
Oyarzábal dijo que Argentina estaba dispuesta a negociar “todos los aspectos de la cuestión” de las Islas Malvinas, conocidas en Argentina como las Malvinas, “incluido el actual agravamiento del diferendo provocado por el Reino Unido”.
Acusó al Reino Unido de negarse a entablar conversaciones sobre las islas mientras impulsaba la explotación de sus recursos naturales de una manera que consolidaría el status quo.
Oyarzábal afirmó que el dinero del petróleo procedente de la perforación “financiaría la misma base y presencia militar que sostiene el control de facto del territorio por parte del Reino Unido”.
Dirigiéndose al presidente del panel, el juez Maurice Kamga, de Camerún, añadió: "Señor Presidente, el Reino Unido no puede tener ambas cosas. No puede invocar la disputa de soberanía para escapar de la jurisdicción [de Itlos] mientras explota los recursos naturales del área en disputa como si una disputa ya se hubiera resuelto a su favor".
El proyecto Sea Lion en la cuenca del Norte de las Malvinas, liderado por la empresa israelí Navitas y su socio británico, Rockhopper, tiene el potencial de triplicar el PIB per cápita de las islas.
Ha sido condenado como ilegal por el presidente de Argentina, Javier Milei, y su gobierno ha solicitado un arbitraje por parte de Itlos sobre el futuro del proyecto, alegando que la aprobación del proyecto por parte de Gran Bretaña viola una resolución de la ONU de 1976 que llama a ambas partes a desistir de acciones unilaterales en las islas hasta que se resuelva la disputa de soberanía.
Argentina está solicitando medidas provisionales urgentes, incluido un compromiso del Reino Unido de “detener las perforaciones”, lo que, según Oyarzábal, no haría más que “preservar la situación actual” y permitir que comiencen conversaciones constructivas sobre soberanía.
Al comienzo de la audiencia de dos días, se dijo al panel del tribunal que la decisión del gobierno del Reino Unido de permitir que las perforaciones comenzaran en marzo del próximo año era la “conducta unilateral” de una “potencia colonial”.
Argentina afirmó además que el proyecto petrolero Sea Lion corría el riesgo de provocar un desastre ambiental a las puertas de Argentina y que haría que la disputa de soberanía sobre las islas fuera “más difícil o imposible” de resolver pacíficamente.
Y añadió: "En caso de una explosión o un derrame, es Argentina quien soportaría las consecuencias y sería llamada a responder, no un Estado que esté a 12.700 kilómetros de distancia. Además, el proyecto se encuentra dentro de la región de búsqueda y rescate de la que Argentina es responsable".
La larga disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas condujo a la guerra en 1982, a costa de la vida de 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres isleños de las Malvinas.
La audiencia es la primera vez que asuntos sustantivos relacionados con las Malvinas se litigan ante un tribunal internacional.
En las islas se considera que el proyecto petrolero ofrece la oportunidad de asegurar su futuro económico y construir un fondo de riqueza soberana, en un momento en que las capturas pesqueras de las que dependen están disminuyendo.
En muestra de solidaridad, la princesa Ana llegó a Puerto Stanley el lunes. Ellie Reeves, fiscal general del Reino Unido, asistió a la audiencia de Itlos el martes.
Afirmó que Argentina buscaba litigar la cuestión de la soberanía a través de Itlos, un organismo judicial independiente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 para supervisar las disputas marítimas.
Ella dijo: "No creemos que este sea el foro para determinar efectivamente cuestiones de soberanía".
Cuando se le preguntó si el Reino Unido acataría cualquier fallo, Reeves dijo: "No sabemos qué va a pasar en términos del resultado, pero no consideramos que tengan jurisdicción sobre cuestiones de soberanía. Respetamos al tribunal y las instituciones... pero no quiero adelantarme a lo que el tribunal pueda o no decir". La audiencia continúa.
