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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a la Universidad Estatal de Pensilvania, acusando a la institución de violar la ley federal al ofrecer tasas de matrícula estatales a estudiantes indocumentados y negar las mismas tasas reducidas a todos los ciudadanos estadounidenses.
La demanda, presentada el jueves, sostiene que la política de matrícula de la universidad discrimina a los ciudadanos.
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Actualmente, los estudiantes indocumentados pueden calificar para la matrícula estatal si cumplen con los estándares de residencia de Penn State.
Pero los fiscales han rechazado esa política, diciendo que viola una ley federal que prohíbe el “trato preferencial” en la educación superior para inmigrantes indocumentados, a menos que los mismos beneficios estén disponibles para los ciudadanos estadounidenses.
En Estados Unidos, las universidades públicas suelen cobrar matrículas más bajas a los estudiantes que son residentes del estado donde está ubicada la institución, mientras que los estudiantes de otros estados pagan tasas más altas.
Los defensores de tales políticas dicen que la matrícula estatal ayuda a prevenir la "fuga de cerebros", en la que los estudiantes podrían abandonar el estado para asistir a universidades en otros lugares. También recompensan a los residentes del estado que contribuyen con impuestos al sistema educativo.
Los defensores argumentan que los mismos beneficios deberían destinarse a los estudiantes indocumentados, que a menudo llegan al país siendo menores de edad. Hacer que los estudiantes indocumentados sean elegibles para la matrícula estatal también puede reducir las barreras que enfrentan en la educación.
Pero el Departamento de Justicia está buscando una orden judicial que impida a Penn State continuar ofreciendo tasas de matrícula estatal a estudiantes indocumentados, incluidos aquellos que viven en Pensilvania, independientemente de su estatus migratorio.
También busca impedir que la universidad adopte futuras políticas de matrícula que den a los estudiantes indocumentados un “trato preferencial” sobre los ciudadanos estadounidenses.
"El Congreso tomó una decisión política deliberada de que los estados y sus instituciones públicas no pueden otorgar beneficios de matrícula a extranjeros ilegales a menos que esos mismos beneficios se hagan a todos los ciudadanos estadounidenses", dijo en un comunicado Brett Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del Departamento de Justicia.
La demanda es parte de una campaña más amplia bajo el presidente Donald Trump para desafiar las políticas estatales que otorgan matrículas reducidas a estudiantes indocumentados.
Desde que regresó al poder para un segundo mandato en 2025, Trump ha tratado de tomar medidas drásticas contra la inmigración indocumentada, prometiendo liderar el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia dijo que la presentación del jueves eleva a 27 el número total de demandas que ha presentado desafiando tales políticas. También dijo que seis casos en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Illinois y Kansas resultaron en órdenes judiciales que bloquearon permanentemente políticas de matrícula similares.
En la demanda del jueves, los fiscales calificaron esas políticas de inconstitucionales. También argumentaron que leyes como la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 prohíben que “los beneficios públicos sirvan como incentivo” para la inmigración indocumentada.
"La ley federal prohíbe a los extranjeros ilegales ser elegibles para recibir beneficios de educación postsecundaria basados en su residencia dentro de un estado si dichos beneficios se niegan a los ciudadanos estadounidenses que residen en otros estados", dice la demanda.
"No hay excepciones. Sin embargo, la Universidad Estatal de Pensilvania ha ignorado esta prohibición del Congreso".
Según los requisitos de residencia actuales de Penn State, los solicitantes no ciudadanos deben haber asistido a una escuela secundaria acreditada de Pensilvania durante al menos cuatro años y haberse graduado de una para calificar para la matrícula estatal.
Penn State dijo que estaba al tanto de la denuncia y la estaba revisando.
