El bombardeo militar estadounidense en Venezuela plantea numerosas cuestiones legales. Esta intervención fue denunciada el lunes por la noche por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los expertos entrevistados por France 24, por su parte, subrayan las libertades que se ha tomado Donald Trump frente al Derecho internacional y al Congreso estadounidense. Análisis.

Publicado el: 01/06/2026 - 16:01

¿Puede Donald Trump hacer su ley en detrimento de todas las reglas establecidas? La cuestión ha preocupado a la prensa estadounidense, a los expertos jurídicos y a la comunidad internacional desde la intervención unilateral de Estados Unidos en Venezuela la noche del viernes al sábado. El Consejo de Seguridad de la ONU, del que Washington es miembro, también se reunió de urgencia, el lunes 5 de enero, para discutir esta operación militar que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Varios países expresaron su oposición a esta intervención unilateral estadounidense. "En situaciones tan confusas y complejas como la que afrontamos, es importante respetar los principios", en particular "el respeto a los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", declaró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. También reiteró su preocupación por el hecho de que “no se han respetado las normas del derecho internacional”.

Para Johann Soufi, la intervención estadounidense en Venezuela "es una violación clara y simple del derecho internacional": "La Carta de las Naciones Unidas prevé la prohibición del uso de la fuerza contra otro Estado, excepto en dos hipótesis: en caso de legítima defensa o en caso de autorización del Consejo de Seguridad. En este caso, no estamos ni en el primero ni en el segundo caso", explica a France 24 el abogado especializado en justicia penal internacional y derechos humanos.

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De hecho, el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas es inequívoco al respecto: especifica que los miembros de las Naciones Unidas "se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, ya sea contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas".

A esto se suma el hecho de que la captura y exfiltración clandestina de Nicolás Maduro y su esposa a Estados Unidos fue justificada por Donald Trump en particular por “narcoterrorismo”. Una formulación que "no constituye (en sí misma) una base jurídica para el uso de la fuerza", pero que "se refiere a consideraciones políticas o morales", precisó al periódico Le Monde Sébastien Touzé, profesor de la Universidad Panthéon-Assas y director de la Fundación René Cassin.

La “doctrina Donroe” o la “visión imperialista de la administración Trump”

Desde este fin de semana, la administración Trump no se ha basado en el derecho internacional para justificar su intervención en Caracas: el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y luego el enviado estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, han defendido sucesivamente una “operación de orden público” en Venezuela.

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“Con estas declaraciones consideran que el mundo les pertenece y que el ejército estadounidense es la policía mundial”, explica Johann Soufi. “Esto refleja la visión imperialista de la administración Trump de que el mundo es su patio de recreo y su propiedad, y que asume el derecho a apropiarse de recursos, invadir un país o capturar individuos como mejor le parezca”.

Detrás de la justificación del mantenimiento del orden se esconde también una estrategia más amplia de la actual administración estadounidense, presentada el sábado por Donald Trump bajo el nombre de "doctrina Donroe", un neologismo resultante de la contracción del nombre del presidente estadounidense y la doctrina Monroe.

"La declaración de Marco Rubio es la aplicación concreta de la Doctrina Trump, que es en sí misma una revitalización de la Doctrina Monroe (más de 200 años, ndr). Esto implica que Estados Unidos se declara responsable y garante del orden y la seguridad en las Américas en general y que, cuando interviene militarmente en América del Sur, considera que se trata de una operación para mantener el orden", explica a France 24 Jacob Maillet, especialista en instituciones norteamericanas y docente en París-Descartes. Universidad.

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Esta visión trumpiana quedó detallada en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, publicada a principios de diciembre. Afirma en particular que Estados Unidos "quiere un hemisferio occidental cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales". Washington también habla en este documento de “querer garantizar (su) acceso continuo a lugares estratégicos clave”. Palabras que resuenan fuertemente con las de Donald Trump, quien dijo este fin de semana que quería reabrir Venezuela -una de las mayores reservas de oro negro del mundo- a las compañías petroleras estadounidenses.

“Qué desdén por el Congreso por parte de un presidente en ejercicio”

La operación militar estadounidense también generó preocupación en la escena nacional. Los funcionarios electos demócratas cuestionaron enérgicamente la interpretación de los acontecimientos por parte de la administración Trump, como Hakeem Jeffries: "No fue sólo una operación antinarcóticos, fue un acto de guerra", dijo el domingo el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes en la NBC. Su homólogo en el Senado, Chuck Schumer, añadió: "Entraron en Venezuela, bombardearon sitios tanto civiles como militares. Y es una violación de la ley hacer lo que hicieron sin obtener autorización del Congreso".

El presidente estadounidense admitió el sábado no haber consultado al principal órgano legislativo de Estados Unidos: "El Congreso tiene tendencia a revelar información. No sería bueno. Si hubieran revelado información... Creo que el resultado quizás habría sido muy diferente" en Venezuela, declaró Donald Trump. Esta marginación del Congreso no es la primera vez, sino más bien el fruto de una “tradición bipartidista” que históricamente han consentido demócratas y republicanos, según Jacob Maillet.

"Ha habido una larga deriva en términos del poder de guerra del presidente, con una gran tradición bipartidista según la cual (el inquilino de la Casa Blanca) puede llevar a cabo operaciones militares de pequeña escala sin el acuerdo del Congreso", explica el especialista en instituciones norteamericanas. “Lo que llamamos presidencia imperial es precisamente el hecho de que el presidente se permite utilizar el ejército sin hacerlo formalmente, sin declaración de guerra y, a veces, incluso sin autorización para usar la fuerza”.

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Dicho esto, el profesor de la Universidad París-Descartes ve algo "nuevo" en los últimos acontecimientos: "Tal desdén hacia el Congreso por parte de un presidente en ejercicio es todavía realmente raro. Es, en cierto modo, afirmar que no necesita consultarlo, lo que va más bien en contra de la Constitución americana", continúa el especialista. “Así que este es un mensaje enviado al Congreso, porque a Donald Trump no le costó absolutamente nada consultar discretamente a sus eminentes miembros republicanos”.

Y no será de los republicanos de quien surgirá la defensa de la institución legislativa: los dos líderes republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes, John Thune y Mike Johnson, también acogieron al unísono la decisión de Donald Trump, sin deplorar el pisoteo de sus prerrogativas.

En última instancia, no es probable que esto garantice el funcionamiento adecuado de los contrapoderes en Estados Unidos si en el futuro ocurrieran acontecimientos similares a los de Venezuela. "Podemos preguntarnos si Donald Trump no se sentirá alentado por esta falta de resistencia", concluye Jacob Maillet, "y nos preguntamos qué podría estar dispuesto a hacer la próxima vez".

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